Ya se conocen que hay dos posiciones en este debate que apoyan dos propuestas diferentes respecto a la pregunta de dónde provendrá el dinero para pagar REDD+. Una propuesta es hacerlo a través de la creación de fondos que serían asignados a proyectos o programas REDD+. La otra propuesta es a través de la utilización de un ”mercado” de ”permisos y créditos de carbono”, es decir, a través de la compra y venta de créditos por emisiones reducidas.
Un permiso de carbono o crédito es igual a una tonelada de carbono, y los permisos de carbono y créditos son objeto de comercio entre los países ”compradores”, o empresas, y ”países vendedores”, o empresas (Erni, C. & Helen eds. 2010).
Algunos de estos fondos ya se han establecido para ayudar a los países a prepararse para la opción de mercado, por lo que son una mezcla de los dos enfoques[2]. En el marco del enfoque de mercado, los gobiernos o empresas que tienen que reducir sus emisiones pueden comprar créditos de proyectos REDD+ en lugar de reducir sus emisiones (Erni, C. & Helen eds. 2010).
Además de los fondos establecidos por las organizaciones internacionales y los gobiernos, hay un número cada vez mayor de fondos privados creados por las agencias de conservación de la naturaleza, pero también por fundaciones privadas y empresas.
El mercado voluntario facilita a las entidades (principalmente privadas) y a las personas que no están dentro de los sectores regulados asumir su compromiso con el cuidado del clima “compensando” sus emisiones en proyectos limpios en países en desarrollo. Y como ya conocemos muchas de estas regiones caen en territorios indígenas.
Aunque los mecanismos voluntarios no están regulados (DEUMAN 2008; Erni, C. & Helen eds. 2010) y, consecuentemente, generan controversias, son innovadores, ágiles y flexibles. Estos mercados, a menudo difíciles de entender, tienen el potencial de ser una herramienta inmediata para la acción mientras la comunidad internacional se queda atascada a la hora de implementar REDD+ eficiente.